AUTOINCREMENTO SALARIAL EN ALCALDÍA DE JAMUNDÍ (Nov/02/20)

En el Concejo de Jamundí no se debatió ni se aprobó un Acuerdo mediante el cual al alcalde Andrés Felipe Ramírez se le fijaba su sueldo para este año, porque sencillamente nunca fue radicado. Habla el mandatario


La Procuraduría Provincial de Cali adelanta indagación preliminar dentro del proceso disciplinario contra el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, por presuntamente ajustar unilateralmente su salario para el presente año sin autorización del Concejo.

El gobierno nacional, mediante decreto 314 del  27 de febrero pasado, aprobó el monto máximo del salario de los gobernadores y alcaldes, constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación. En el caso de Jamundí, por ser municipio de tercera categoría, el límite máximo  es de 8 millones 372.006 pesos mensuales.

Sin embargo, a pesar de que el decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública designó en el Concejo de Jamundí la facultad de autorizar el salario del mandatario, en esa dependencia nunca se radicó ni mucho menos se estudió y se aprobó el Acuerdo en ese  sentido. ()


Fondo del problema

Así lo manifestó la junta directiva del Concejo a la Procuraduría, organismo de control que hace más de un mes le solicitó copia del Acuerdo Municipal que establece la escala salarial del Alcalde para la vigencia 2020.

Andrés Felipe Ramírez
Alcalde Jamundí

Igualmente, el Ministerio Público pidió en esa oportunidad copia del Acuerdo en el que se aprueba la planta de personal del municipio de Jamundí para la actual Administración. (Ver petición)

 “La autorización del decreto presidencial 314 es clara al determinar que en este caso el Concejo es el que fija el salario máximo del mandatario y, por lo tanto, debe estar sujeto a un Acuerdo. Previamente, antes de subirse el sueldo, el Alcalde debía ser autorizado por el Concejo”, comentó un abogado especializado en Derecho Administrativo, quien pidió reserva de su identidad.


Habla Alcalde

El alcalde Ramírez aceptó finalmente hablar con Periódico Impacto Nuevo, vía chat de whatsapp. Dijo inicialmente que no conoce ninguna investigación de la Procuraduría y aunque no confirmó ni negó haber incrementado el valor de su sueldo recalcó que “se aplica esta directiva, decreto presidencial el cual acatan todos los gobernadores y alcaldes”.

Ante la insistencia de que la Procuraduría había solicitado al Concejo copia del Acuerdo mediante el cual se asignaba su sueldo, recalcó que “el proceso no es por mi salario” sino para “validar si existen pagos a contratistas mayores a mi asignación salarial”.

Agregó que “lo que pregunta la Procuraduría es para ver si ellos ganan más que yo” y mostró una imagen donde aparecen los nombres de 31 contratistas.  

Lo relacionado por el alcalde Ramírez es un informe de la Contraloría y no de la Procuraduría. En ese extracto la Contraloría concluye que “según certificación laboral expedida por el municipio de Jamundí, el valor de los honorarios del Alcalde es mayor al percibido por los contratistas, por lo cual se debe precisar que éste no constituye un hecho contrario a la austeridad del gasto”.


Las dudas

Según varias fuentes consultadas, los procesos de la Procuraduría son disciplinarios y los de la Contraloría de índole fiscal, por lo cual no se puede confundir a la opinión pública.

Además, aseguraron, los contratistas aunque ganen más que el Alcalde, no devengan salarios sino honorarios por prestación de servicios y no tienen que ser autorizados por el Concejo. “El Alcalde recibe un sueldo, una asignación básica mensual, que debe ser regulada por el Concejo y este procedimiento se omitió, situación que podría generar en la comisión del delito de prevaricato por acción”, concluyeron.

 

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